Violencia, crimen y desarrollo social en América Latina y el Caribe (página 2)

..

..

6.6

Caribe

Cuba

..

..

6.2

Puerto Rico

..

..

20.6

Trinidad y Tobago

2.1

12.6

12.1

Rep. Dominicana

..

11.9

..

Jamaica

..

35.0

..

Norte América

Mexico

18.2

17.8

15.9

Canadá

..

2.2

..

Estados Unidos

10.7

10.1

6.3 (c)

Cono Sur

Argentina

3.9

4.8

4.7

Uruguay

2.6

4.4

4.4

Paraguay

5.1

4.0

12.3

Chile

2.6

3.0

3.0

Nivel Mundial (d)

5.5

6.4

8.9

Fuentes : (a) Organización Panamericana de la Salud (1997) , (b) Organización Mundial de la Salud (2002) , (c) US Department of Justice –Bureau of Justice Statistics (2000) y (d) Buvinic y Morrison (2000) (Living in a More Violent World). Nota: Las tasas para cada país corresponden a algún año específico dentro del período señalado y no se dispone del mismo año para todos los países. En el Cuadro 3 también se observa que la tasa de homicidio registra un incremento a nivel mundial durante las tres décadas representadas, como consecuencia de factores demográficos, de la mayor integración de los mercados lícitos e ilícitos a nivel global y de la propia inercia de la violencia en el tiempo (Buvinic y Morrison,2000). En América Latina la información incompleta de la que se dispone no permite establecer tendencias claras a nivel de países. Sin embargo, puede notarse que durante los años 70 y 80 se registraron incrementos en la tasa de homicidios en muchos países, especialmente en los países andinos. Estos incrementos en los homicidios dentro del área andina están asociados al conflicto guerrillero y la difusión del narcotráfico en Colombia, así como a reformas macroeconómicas y estructurales que produjeron aumentos significativos en la desigualdad y el desempleo (Buvinic y Morrison, 2000, Arriagada y Godoy, 1999, Banco Mundial, 2002). Los datos correspondientes a la década de los noventa en el Cuadro 3 no son directamente comparables con los de décadas anteriores; sin embargo, se observan reducciones de la tasa de homicidios en algunos países centroamericanos, mientras que se registraron incrementos substanciales en Venezuela, Brasil, Ecuador y Paraguay.[5] Las tasas de homicidio nacionales no reflejan la gran disparidad urbano – rural de la violencia, así como la disparidad entre distintas regiones y entre ciudades. Tal como se aprecia en el Cuadro 4, Medellín, Cali, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Caracas y Rio de Janeiro registran tasas de homicidio mayores de 50. Para algunas ciudades se dispone de otras estadísticas además de la tasa de homicidios.[6] El robo a mano armada es uno de los hechos más comunes así como otros delitos violentos contra la propiedad. Las tasas de victimización en Bahía, Cali, Caracas, Río de Janeiro, San José, San Salvador y Santiago oscilan entre 10,6% (San José) y 38,5% (San Salvador), lo cual implica una mayor exposición a la violencia de la que indica la tasa de homicidios .

Cuadro 4: Violencia Urbana en América Latina. Tasas de Homicidios (por 100.000 habitantes)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores (2000 ). Los habitantes de América Latina, sobre todo en áreas urbanas, viven con una sensación de inseguridad permanente. Esta sensación se vé reflejada en encuestas de opinión pública como las de Latinobarómetro (ver Latinobarómetro, 2002), en las que la delincuencia figura como uno de los problemas más importantes de cada país junto al desempleo, la inflación , la pobreza y la corrupción. Según la misma fuente, los niveles de confianza interpersonal en la región son bajos puesto que menos del 16% de los entrevistados en la región, para el año 1997, expresa que se puede confiar en los extraños. Esta cifra promedio oculta grandes diferencias entre países: en Brasil menos del 5% de la población en estudio expresa que se puede confiar en los extraños, mientras que en Uruguay más del 30% opina que sí puede confiar en los demás. Los niveles de confianza, que constituyen una medida en relación al capital social, se han deteriorado, entre el año 1996 y el año 2000, para la mayoría de los países latinoamericanos. 3.2.- La Violencia según el Género Tanto por razones biológicas (hormonales y fisiológicas) como por razones económicas, sociales y culturales la mayor parte de los agresores son hombres (Organización Mundial de la Salud, 2002). En muchos casos la violencia se manifiesta contra la mujer constituyendo un tipo de violencia que, según las Naciones Unidas, se define como : " cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas la amenazas…la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada " (Naciones Unidas, 1993, citado en García-Moreno, 2000:7). La violencia contra la mujer puede ser de carácter social e incluye la violación y el abuso sexual (por parte de extraños, durante asaltos en la calle, a hogares o como resultado de una estrategia durante conflictos armados), robos, mutilación genital, tráfico de mujeres (prostitución forzosa) y la violencia psicológica, física y sexual en el lugar de trabajo. También incluye la violencia doméstica contra la mujer que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual de una mujer por parte de un familiar o de su pareja.[7] Tanto la violencia social como la violencia doméstica contra la mujer están relacionadas con patrones de género que abarcan las estructuras patriarcales que sitúan a la mujer en una posición subordinada con respecto al hombre y la falta de equidad entre los géneros desde un punto de vista legal, económico y social. Estos patrones de género pueden mantenerse en diferentes regiones, culturas, niveles sociales y educativos (García-Moreno,2000). Los patrones tradicionales de género ligan la noción de masculinidad a la autoridad, el honor y la agresión. La violencia contra la mujer se diferencia de la violencia interpersonal contra los hombres en cuanto a las modalidades de la misma, sus efectos y la tolerancia social y de la víctima ante su presencia. A nivel mundial y en América Latina, los hombres adultos tienden a ser víctimas de un extraño o de un conocido ocasional, mientras que para las mujeres es más probable ser víctima de un familiar o de la pareja ( Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999).[8] De acuerdo a la información disponible, el problema de la violencia doméstica contra la mujer es la forma predominante de violencia contra la mujer en América Latina (García-Moreno, 2000), por lo que le dedicaremos mayor atención en esta sección. Sin embargo, no se descarta la importancia de formas de violencia contra sobre las que no se posee información estadística como la violencia en el trabajo y la violencia durante conflictos armados. Como resultado de unas 50 encuestas comparables a nivel mundial, entre un 10% y un 50% de las mujeres declararon haber sido golpeadas o maltratadas físicamente por su pareja actual o una pareja anterior ( Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). Adicionalmente, la violencia doméstica física casi siempre está acompañada por manifestaciones de violencia psicológica y violencia sexual (hasta en la mitad de los casos). Para América Latina, el Cuadro 5 reseña los resultados sobre prevalencia según varios estudios, registrándose una tasa de hasta 40% de mujeres víctimas de violencia física por parte de una pareja a lo largo de su vida (Nicaragua). Los datos en relación a la violencia psicológica y sexual son igualmente alarmantes, sobre todo si se considera que en muchos casos se combinan los tres tipos de violencia. Cuadro 5: Prevalencia de la Violencia Doméstica contra la Mujer en el Continente Americano. Estudios realizados durante la década de los Noventa

Fuente: Heise et al (1994); Handwerker (1998); OPS (1999); Ordoñes et al (1995); Granados y Shiroma ( 1996); Rosales Ortiz et al (1998); González de Olarte y Gavilano (1999); Dávila (1998); Traverso (2000) y Population Reports (1999).

Nota: *Abuso Físico o Sexual.

En su trabajo seminal sobre la violencia doméstica, Heise (1998) emplea un modelo ecológico sobre los factores relacionados específicamente con la violencia doméstica. A nivel social, la autora señala los siguientes factores: – normas que otorgan al hombre poder sobre la mujer, -aceptación de la violencia como forma de resolver conflictos de pareja, – estructuras rígidas de género. A nivel de la comunidad, los factores más importantes de riesgo son: –pobreza y desempleo, -delincuencia,- aislamiento de la mujer y la familia de interacciones con la comunidad. A nivel de la relación de pareja, los factores de riesgo son: -conflictos matrimoniales,-conflictos con parientes, – control de los bienes económicos y las decisiones del hogar por parte del hombre exclusivamente. Desde el punto de vista individual del agresor, los factores que incrementan el riesgo de comportamiento doméstico violento son: -ser hombre, – presenciar violencia matrimonial en la niñez, – ser víctima de abuso, rechazo o abandono en la niñez, – uso de alcohol. En el Cuadro 6 se resumen los factores de riesgo presentes para las mujeres víctimas de violencia doméstica según varios estudios realizados en la región.[9]

Cuadro 6: Factores de Riesgo de la Violencia Doméstica contra la Mujer en América Latina

Fuente: Síntesis a partir de Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores (2000 ). 3.3.- La Violencia y los Grupos Socio-Económicos América Latina es la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998), lo que contribuye a los altos niveles de violencia en la región. La desigualdad genera tensión social e incentivos económicos que son factores importantes para el robo, asalto callejero, secuestro y robo a mano armada.[10] La principal causa de la desigualdad de ingresos en la región es la desigualdad en remuneraciones debido, en parte, a los diferenciales en cantidad y calidad de la educación dentro de la población (ibidem). A nivel agregado, la pobreza, en sí misma, no necesariamente causa violencia (Arriagada y Godoy,1999 y Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2001). Sin embargo, la pobreza origina sentimientos de estrés y frustración que pueden desencadenar comportamientos violentos si están acompañados por desempleo (exclusión económica) y hacinamiento en barrios urbanos recién conformados (ruptura del capital social) (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999 y Moser y Lister,1999).En Latinoamérica, los barrios más pobres, y en algunos casos de reciente formación, de las ciudades registran niveles de diversos tipos de violencia superiores al resto del área urbana (Organización Panamericana de la Salud, 1996 y McAlister, 2000). A nivel individual, las diferencias de ingreso y escolaridad distinguen a los grupos más violentos de aquellos menos violentos, sobre todo en cuanto a la tasa de victimización por homicidio y la probabilidad de cometer homicidios. En las ciudades de Estados Unidos, la probabilidad de ser víctima de homicidio o asalto es tres veces mayor para los individuos que viven en familias con ingresos menores a 7.500 dólares al año, con respecto a los individuos cuyas familias registran ingresos superiores a los 50.000 dólares al año (Rosenberg,1999:13 en Moser y Lister, 1999).

Un indicador imperfecto de la probabilidad de cometer homicidios u otros delitos es el perfil del aprehendido o condenado según las estadísticas judiciales o estudios criminológicos basados en encuestas a los criminales. Este indicador es imperfecto puesto que la captura de criminales por la policía y el sistema judicial es un proceso sesgado por naturaleza. El perfil de los condenados o aprehendidos por varios tipos de crímenes en la región es el de hombres jóvenes, solteros y de estratos socioeconómicos bajos. En el caso de Chile, el 71,5% de los aprehendidos por homicidio declaró no tener oficio o ser obrero (Arriagada y Godoy,1999), mientras que en Cali, Colombia un alto porcentaje proviene de hogares donde la madre es jefe de hogar (Banco Interamericano de Desarrollo,Buvinic y Morrison Editores,2000).

Los distintos grupos socio-económicos experimentan la violencia bajo diferentes manifestaciones. Los delitos a la propiedad son más comunes en los barrios latinoamericanos de ingresos medios y altos, mientras que el homicidio, lesiones físicas por conflictos violentos y la violencia doméstica física son más comunes en las barrios de bajo ingreso (Gaviria y Velez, 2001 y Banco Interamericano de Desarrollo,Buvinic y Morrison Editores,2000).

3.4.- La Violencia Étnica en América Latina La diversidad étnica es una característica histórica de América Latina que data del pasado colonial, los movimientos inmigratorios después de la primera y la segunda guerra mundial y los movimientos migratorios dentro de la región. En muchos países de América Latina no existen estadísticas (a nivel censal o de encuestas de hogares) que permitan realizar estudios nacionales sobre la existencia de discriminación racial y problemas de convivencia étnica en la región. El caso de la violencia no es la excepción y no se dispone de tasas de homicidio por grupos étnicos. Sin embargo, existe evidencia a nivel local sobre los niveles de exclusión social y cultural de ciertos grupos indígenas y de raza africana (Borjas, 1995, Katzman, 1999).

En relación a la intolerancia étnica, la encuesta de opinión Latinobarómetro encuentra niveles bajos pero significativos en uno de sus cuestionarios. El cuestionario preguntó ¿A quién no le gustaría tener como vecinos? Una gran mayoría de los encuestados en la región (entre 43% y 67%) respondió que no le gustaría vivir cerca de drogadictos, ni de homosexuales, ni de extremistas políticos, mientras que una minoría importante (entre 6% y 12% ) señaló que no le gustaría vivir cerca de un grupo étnico específico (africanos, musulmanes, asiáticos o judíos, según el caso). Los casos recientes más documentados de violencia étnica en la región están relacionados íntimamente con la violencia política y han tenido lugar durante conflictos armados entre un grupo que detenta el poder político y guerrillas o grupos rebeldes[11]En el caso de Guatemala, la población indígena fue diezmada y aterrorizada, en un grado mayor al resto de la población, por parte de las fuerzas del Estado durante la guerra civil de 36 años que finalizó en 1996 (Moser y McIllwaine (a), 2000). La razón para combatir a los indígenas fue el vínculo existente o supuesto entre éstos y el ejército guerrillero revolucionario (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) como parte de una política de contrainsurgencia. Durante este período se ejecutaron indígenas (hasta unos 150.000) y se adoptaron otras políticas de terror como la violación sistemática de mujeres indígenas y el desplazamiento forzado de indígenas (destrucción de 440 aldeas), lo que dejó como legado una cultura del silencio, para evitar repercusiones violentas, que conlleva a gran tolerancia ante otras formas de violencia social y doméstica (Moser y McIllwaine (a), 2000).[12] Las tensiones étnicas tienen como marco, en algunos países, problemas ancestrales de tenencia de la tierra y la exclusión social y económica (Easterly, 2002). Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México tiene como objetivo proteger a los indígenas ante la explotación y los problemas de tenencia de la tierra. En Brasil, el movimiento de los sin tierra representa a grupos descendientes de africanos que han sido sistemáticamente excluidos de la propiedad de la tierra o expulsados en forma violenta de las tierras que habitaban (Sutherland,2001). Da Silva (2001) y Rivera (2001) consideran que las reformas agrarias y de tenencia de la tierra, son necesarias para mejorar la convivencia entre distintos grupos étnicos junto al diálogo y la mediación. 3.5.- La Violencia según la Edad La edad es uno de los factores demográficos que más afectan la probabilidad de ser agresor o de ser víctima. En esta sección se presenta una reseña sobre dos tipos de violencia comunes en América Latina: la violencia contra los niños y la violencia juvenil.

3.5.1.- Violencia Social y Doméstica contra Niños La violencia social y doméstica contra los niños y adolescentes (menores de 18 años) se define como:… "todas las formas de maltrato físico y emocional, el abuso sexual, el abandono, la negligencia en el cuidado, la explotación comercial o de otro tipo, que resulten en daños reales o potenciales para la salud, supervivencia, desarrollo y dignidad del niño, dentro del contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder"….(Organización Mundial de la Salud, 1999). Dentro de esta definición las formas de maltrato infantil presentan algunas peculiaridades que las distinguen del maltrato a los adultos:

• el maltrato emocional incluye, además de la burla y ridiculización, fallas en proporcionar al niño(a) un ambiente apropiado de apoyo para su desarrollo y una figura de referencia;
• el abandono incluye la omisión de cuidados de salud y la falta de supervisión y protección apropiadas;
• el abuso sexual incluye toda actividad sexual que el niño(a) no pueda comprender, se encuentre inmaduro físicamente para realizar o no esté preparado para dar su consentimiento al respecto, incluyendo la prostitución y pornografía infantil de cualquier tipo;
• la explotación comercial incluye el trabajo infantil.

A nivel mundial se calcula que, cada año, unos 10 millones de niños quedan con secuelas psicológicas como consecuencia de las guerras y otros tipos de violencia (incluyendo violencia contra los niños) (Organización Panamericana de la Salud, 1996). Solamente en Estados Unidos se denunciaron en 1992, más de 2,9 millones de casos de abuso de niños o negligencia en su cuidado (Organización Panamericana de la Salud, 1996). La violencia doméstica física contra los niños suele ser cometida por la madre, mientras que la violencia doméstica sexual suele ser cometida por el padre u otras figuras masculinas como hermanos, tíos y parientes.
En América Latina y el Caribe se dispone de algunas estadísticas incompletas con respecto al maltrato infantil. En relación al abuso sexual los siguientes estudios (compilados por Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999) dan una idea sobre la magnitud del problema:

• en Barbados un 30% de las mujeres entrevistadas han experimentado abuso sexual en la niñez;
• en Costa Rica un 32% de las mujeres y un 13% de los hombres;
• en Nicaragua un 26% de las mujeres y un 20% de los hombres.

Una de las pocas encuestas de niños que se ha llevado a cabo revela que el 63% de los niños chilenos en octavo grado (según datos de una muestra representativa nacional de 1.533 niños), indicó que había experimentado violencia física en su hogar; 34% por ciento de ellos indicó haber sufrido abuso físico severo. Esto parece indicar que el abuso severo contra los niños es tanto o mayor que el abuso similar contra las mujeres (Larraín, Vega y Delgado 1997).

La existencia de unos 7 millones de "niños de la calle" en la región está vinculada a distintas formas de violencia infantil (abandono, violencia doméstica que los empuja a huir del hogar, explotación, etc.)(Organización Panamericana de la Salud, 1996). Los niños de la calle son objeto también de violencia policial y asesinatos (limpieza social) por parte de escuadrones de la muerte.[13]A su vez, los niños de la calle tienen una alta probabilidad de convertirse en delicuentes dadas las carencias emocionales y económicas a las que se enfrentan y su falta de oportunidades en la sociedad.
La violencia doméstica contra el anciano es común en Estados Unidos donde se estima que uno de cada 25 ancianos sufre de abuso (Organización Panamericana de la Salud, 1996). Aunque no se dispone de datos para América Latina, se sospecha que se trata de un problema relevante debido al alto grado de dependencia económica de los ancianos dados los sistemas fallidos de seguridad social y los escasos ahorros de la población.

3.5.2.- Los Jóvenes como Agresores y Víctimas
En América Latina, al igual que en el resto del mundo, la mayor parte de los crímenes, sobre todo de homicidios, son perpetrados por hombres jóvenes (entre 18 y 24 años de edad). El perfil del aprehendido en los siguientes casos confirma la afirmación anterior:

• en Cali, más de un 70% de los homicidas condenados tienen entre 20 y 29 años (Banco Interamericano de Desarrollo,Buvinic y Morrison Editores,2000);

• en Chile, el 48,6% de los homicidas, 28,1% de los violadores y el 61,4% de los ladrones, tienen entre 15 y 24 años de edad (Arriagada y Godoy,1999)

Los hombres jóvenes también registran las tasas más áltas de mortalidad por homicidio en la región, convirtiéndose en sus principales víctimas. A nivel mundial, los hombres entre 14 y 44 años registran las más altas tasas de mortalidad por homicidio (ver Figura 1). Entre los factores de riesgo para criminalidad juvenil se encuentran el abandono de la escuela secundaria (o el bajo rendimiento escolar) y el desempleo juvenil, que conllevan a una falta de oportunidades económicas y sociales. También juegan un papel importante en la violencia juvenil la impunidad del sistema, el acceso al consumo de alcohol y drogas, y la disponibilidad de armas de fuego. Otro factor de riesgo para el joven es el aprendizaje de la violencia como medio para resolver conflictos en el hogar (violencia doméstica), la escuela, la comunidad y los medios de comunicación (que diseminan actitudes favorables a la agresión entre los jóvenes) (McAlister,2000).

Figura 1: Tasas de Mortalidad por Homicidio según Edad (por cada 100.000 habitantes). Hombres.Nivel Mundial . Año 2000

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2000

La violencia juvenil es un fenómeno que puede darse a nivel de individuos o en agrupaciones de jóvenes o pandillas urbanas. Las pandillas alcanzan distintos niveles de organización en América Latina y normalmente el pertenecer a una pandilla constituye no sólo un medio para cometer actos violentos sino un fin en sí mismo (McAlister,2000, Concha y Santacruz, 2002, Moser y McIllwaine (a) y (b), 2000) y Rodgers,1999 en Moser y Lister,1999).[14] En la raíz de la conformación de las pandillas se encuentran, además de los factores de riesgo individuales para los jóvenes, la desintegración social, falta de acceso a los servicios públicos, la pobreza y el hacinamiento (ibidem). Las pandillas surgen, en parte, ante la incapacidad de la sociedad para abordar las inquietudes de la juventud y relacionarse con los grupos juveniles de alto riesgo (en concreto las fallas del sistema educativo para integrar a los jóvenes de los barrios pobres) (ibidem).
Los jóvenes latinoamericanos miembros de pandillas y grupos similares buscan en ellas un estilo de vida ("onda", moda, acceso a drogas, un sentido de pertenencia, "vacilar" y divertirse) que les sirva como escape y protección ante el duro medio ambiente en el que se desenvuelven. Al defenderse entre sí y crear situaciones violentas con miembros de otras pandillas, éstas constituyen una forma de capital social "perverso" (Moser y McIlwaine, (a) y (b), 2000 y Rodgers, 1999 en Moser y Lister, 1999) o una especie de sucedáneo para un cierto orden dentro de la caótica vida del barrio y un medio para el desarrollo de la identidad de sus miembros. La pandilla es, a la vez, un producto de la ruptura de un orden social previo (muchas pandillas surgen en barrios de reciente formación durante migraciones a la ciudad) y una forma de socialización que utiliza la violencia para sus propósitos, transmitiendo sus valores a través de una sub-cultura que incluye música, vestido, jerga propia y el uso de crack, marihuana y cocaína.
Desde el punto de vista económico estos grupos pueden ofrecer incentivos interesantes a los jóvenes en barrios pobres pues las pandillas a veces están involucradas con el narcotráfico (McAlister,2000 y Concha y Santa Cruz,2002) y otros mercados negros que reportan inusitadas ganancias aunque a un riesgo muy alto. Desde un punto de vista psicológico, estudios sobre jóvenes violentos encuentran que ellos justifican su propia violencia achacándosela a los demás y deshumanizando a sus víctimas (McAlister,2000). Una vez que el pandillero supera la adolescencia y juventud temprana, puede abandonar la pandilla y reintegrarse a la vida de la comunidad (deseos de cambiar de vida, obligaciones familiares u otras), convertirse en jefe de su pandilla o de una nueva, o pasar a integrar una banda criminal "profesional" (Moser y McIlwaine, (a), 2000).

IV.- El Costo Socioeconómico de la Violencia en América Latina

Además de constituir violaciones a los derechos humanos, los distintos tipos de violencia en la región generan profundos impactos negativos para el desarrollo y distintos tipos de costos para la sociedad en su conjunto. Los costos de la violencia tienen un impacto intertemporal, lo que agrava la carga financiera y social para generaciones presentes y futuras. A nivel macroeconómico, reduce la inversión extranjera y nacional y disminuye el ahorro interno, perjudicando así las posibilidades de crecimiento a largo plazo. A nivel microeconómico, la violencia desincentiva la inversión de tiempo y dinero en educación e induce a algunos a desarrollar habilidades delictivas en vez de estudiar. También puede disuadir a algunas personas de estudiar por las noches por temor al delito violento. La violencia doméstica contra las mujeres y los niños también frena el desarrollo económico. El abuso afecta el desempeño de los niños en la escuela y, por lo tanto, su productividad futura y el rendimiento de la inversión nacional en educación.. Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos productivas en sus lugares de trabajo, lo cual es una pérdida directa para la producción nacional. Tanto la atención de las consecuencias de la violencia doméstica como la social conlleva la utilización de los escasos recursos disponibles en la sociedad. Los gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales podrían, de lo contrario, ser destinados a propósitos más productivos. Conocer los impactos y el costo de la violencia es un paso importante para el diseño de una estrategia social, puesto que contribuye a la conformación de prioridades en la formulación de políticas públicas y constituye uno de los elementos de una guía para la asignación de recursos. Existen dos enfoques posibles para medir el costo que implica la violencia para una sociedad. El primer enfoque, el enfoque "global", pretende captar la totalidad de los costos de la violencia. El segundo enfoque, el enfoque "parcial", intenta captar sólo un aspecto del costo total. El enfoque parcial se usa cuando es imposible implementar el enfoque global, ya sea por falta de datos o por la complejidad de la metodología, o cuando se requiere resaltar un impacto específico de la violencia. Dentro del enfoque global, se han desarrollado tres metodologías que permiten calcular los costos sociales de la violencia:

• el enfoque contable, que especifica categorías de costos y estima los costos de las diferentes categorías, tiene como ventaja el que puede utilizarse cuando sólo existe información parcial y como desventajas el riesgo de doble contabilización y la arbitrariedad inevitable de la categorización de los costos;

• los modelos hedónicos de vivienda o de terreno, que miden el impacto de la seguridad del barrio sobre el valor de la vivienda o del terreno, pretendiendo de esta forma medir la disposición de la población a pagar por la ausencia de violencia, tienen como ventaja la precisión en la medición pues se controla por muchos factores y como desventaja el requerir información estadística muy detallada y de buena calidad. En Estados Unidos, algunas estimaciones que emplean esta metodología establecen una relación inversa entre la tasa de criminalidad de una zona y el valor de la vivienda (Clark y Cosgrove, 1990). Para la ciudad de México, Teruel, Villoro, Morrison y Hammitt (2002) encuentran que los residentes estarían dispuestos a pagar más de un 20% adicional en alquiler de vivienda para vivir en un vecindario con una tasa de homicidio que fuese un 50% inferior a la actual;

• el método de valoración contingente, que intenta medir el valor que el mercado asignaría a la reducción de la violencia, asumiendo que la seguridad fuese un bien comercializable, tiene como ventaja la posibilidad de generar información donde no exista otro indicador para los costos de la violencia y como desventaja el hecho de que las valoraciones de las personas dependen de su nivel de ingreso por lo que las estimaciones dependerá del nivel de ingreso de los que participan en el estudio.

En las subsecciones siguientes se presentan algunos datos sobre el costo de la violencia en América Latina estimados utilizando la metodología contable. Para facilitar la exposición , hemos clasificado a estos costos en: costos directos (monetarios), costos no monetarios, costos económicos multiplicadores y costos sociales multiplicadores. Sin embargo, existen otras categorizaciones posibles. 4.1.- Costos Directos de la Violencia Bajo un enfoque contable, los costos directos de la violencia abarcan el valor de bienes y servicios utilizados para prevenirla, ofrecer tratamiento a sus víctimas o capturar y/o procesar a los perpetradores. En la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, (2000), se reseña el resultado de varios estudios con estimaciones de costos directos de la violencia:

• En Colombia, el gasto público en seguridad y justicia criminal alcanzó 5% del PIB en 1996; los gastos privados en seguridad llegaron a un 1,4% del PIB (CEDEUNIANDES, 1997: 235).[15] Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, los costos de la violencia entre 1991 y 1996, incluyendo tanto la violencia urbana como el conflicto armado, se estiman en un 18,5% del PIB. La pérdida de vidas tiene mayor peso en este costo con 43% del total, seguida del exceso de gasto militar con 30%, gasto en seguridad con 23%, terrorismo con 3% y salud con 1% (Departamento Nacional de Planeación, 1998).

• En El Salvador, los gastos de las instituciones de gobierno, los costos legales, las lesiones personales y las actividades de prevención representaron más del 6% del PIB de 1995 (Cruz y Romano, 1997: 32).

• En Venezuela, el gasto público en seguridad fue aproximadamente del 2,6% del PIB de 1995 (IESA, 1997: 257).

• En Chile, los gastos privados de seguridad ascendieron a cerca de 238 millones de dólares en 1994, equivalente a 17 dólares per cápita. Estos gastos se desglosan en los siguientes rubros: servicios privados de vigilancia (66,8%), seguros de robo (7,7%) y otros productos de seguridad (14,4%) (PNUD, 1998).

• En Ciudad de México los gastos relativos a las medidas de seguridad pública y privada sumaron 181 millones de dólares en 1995 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997); la administración de justicia y de prisiones se responsabilizó por otros 128 y 690 millones de dólares respectivamente.

• En Lima, el gasto público del gobierno nacional en policía, cortes y prisiones fue aproximadamente el 1% del producto regional del área metropolitana en 1997, mientras que el gasto privado para medidas de seguridad alcanzó otro 0,41% del producto regional (Instituto Apoyo, 1997: 268).

En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la importancia de los costos de la violencia para algunos países de América Latina, basado en estimaciones comparables que incluyen costos directos. Es importante tomar en cuenta que las categorías de costos no son mutuamente excluyentes (por ejemplo, la voluntad de los ciudadanos para pagar, puede incluir también el valor de un menor impacto de la violencia en la salud), ni completas (por ejemplo, no incluyen explícitamente el costo de un menor nivel de ahorro e inversión). Los estimaciones más conservadoras de los costos directos de la violencia en cuanto a pérdidas en salud y pérdidas materiales alcanzan una magnitud de hasta el 8,4% del PIB nacional en Colombia y un 9% del PIB nacional en Venezuela. Cuadro 5.- Costos Económicos de la Violencia en América Latina (expresados como porcentaje del PIB de 1997)

Fuente: Londoño y Guerrero (2000). Las consecuencias y costos de la violencia doméstica contra la mujer y los niños y adolescentes se resumen en el Cuadro 6. Una serie de impactos significativos ocurren sobre la salud mental y física de las víctimas y posiblemente sus hijos. La violencia sexual hacia mujeres y niños incluye el rechazo al uso del condón y otros medios anticonceptivos dentro del contexto de relaciones sexuales inesperadas y no deseadas, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva (Ver Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999, Buvinic,Shifter y Morrison, 1999, García-Moreno, 2000). La elevada frecuencia de maltrato durante el embarazo incrementa los problemas durante el mismo y afecta la salud del feto (ibidem).

Estos efectos en la salud representan costos directos significativos para el sistema de salud y la sociedad en su conjunto en América Latina (ver Cuadro 6). Adicionalmente, los costos directos provocados por la violencia doméstica suelen ser recurrentes puesto que, como afirman Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999:18), las consecuencias para la salud tienen tres características fundamentales:

• los impactos sobre la salud persisten en el tiempo (incluso una vez que el abuso ha terminado);

• cuanto más grave es el abuso más graves son los impactos en la salud;

• el impacto de los distintos episodios de abuso es acumulativo a lo largo del tiempo.

4.2.- Costos No Monetarios Los costos no monetarios incluyen impactos en la salud que no necesariamente generan demanda para la utilización de servicios de salud, como por ejemplo mayor morbilidad, mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas y desórdenes depresivos. En la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, (2000), se reseña el resultado de varios estudios con estimaciones de costos no monetarios de la violencia:

• Anualmente hay 9 millones de años de vida saludables (AVISA) perdidos en el mundo por concepto de violaciones y violencia doméstica, cifra mayor que el total de las mujeres víctimas de todos los tipos de cáncer existentes y más de dos veces el total de AVISA perdidos por mujeres en accidentes de vehículos motorizados (Banco Mundial, 1993).[16]

• En El Salvador se perdieron 178.000 AVISA en 1995 por muertes violentas (Cruz y Romano, 1997: 30). En Perú la cifra fue de 60.792 (Instituto Apoyo, 1997: 16); 163.136 para Río de Janeiro (ISER, 1998:42) y en Ciudad de México fue de 57.673 (Fundación Mexicana para la Salud, 1997: 14). En Caracas, no se incluyeron los impedimentos en el cálculo (sólo se incluyeron las muertes); incluso así, se perdieron 56.032 años potenciales de vida en 1995 por homicidios (IESA, 1997: 31).

• En Colombia, entre el 18 y el 27% de todos los AVISA perdidos durante el período de 19891995 fueron causados por homicidios, mientras que el promedio mundial alcanza sólo el 1,4%. (CEDEUNIANDES, 1997: 1216).

• La violencia genera una serie de daños psicológicos, semejantes a los vividos en zonas de guerra (Cardia, 1998).

4.3.- Costos Económicos Multiplicadores Los efectos multiplicadores económicos de la violencia son significativos e implican una menor acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo y menores ingresos. Existe evidencia, en el caso de las mujeres que sufren violencia doméstica, de índices más altos de ausentismo y mayor probabilidad de ser despedidas o abandonar sus trabajos (Morrison y Orlando,1999). Los impactos en la productividad se deben a dificultades en la concentración, desmotivación y al peligro que implica trabajar horas extras o capacitarse en cursos nocturnos. Esta reducción en la productividad tiene impactos intergeneracionales y su efecto negativo sobre el crecimiento económico es significativo ( Cotte-Poveda, 2001, realiza una estimación para Colombia). A nivel macroeconómico, la violencia implica una menor capacidad de ahorro e inversión en capital físico (Buvinic, Morrison y Shifter,1999) con el consecuente impacto en el crecimiento económico (Cotte-Poveda, 2001). La violencia también causa la omisión de proyectos económicos eficientes o la ubicación de plantas y empresas en lugares sub-óptimos desde un punto de vista económico pero más seguros. Otro impacto macroeconómico es la reducción de la efectividad de las políticas económicas, sobre todo de la política fiscal puesto que la violencia dificulta la recaudación de ingresos tributarios e impide la focalización apropiada del gasto público (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores,2000). El crimen sobre la propiedad implica transferencias sub-óptimas entre individuos que pueden representar hasta un 4,4% del PIB en el caso de Colombia (ver Cuadro 5). La violencia doméstica tiene impactos económicos multiplicadores al afectar la inserción y productividad de las mujeres (y de los adultos que fueron objeto de maltrato infantil) en el mercado de trabajo. En el Cuadro 6 se mencionan algunos efectos sobre la productividad tales como el ausentismo por motivos de salud y la falta de concentración. En algunos casos la pareja abusiva incluso llega hasta el sitio de trabajo de la víctima para intimidarla y controlar sus acciones. Esta reducción en la productividad tiene una incidencia sobre el nivel de ingreso, según los modelos económicos de remuneraciones, que pudo constatarse en el caso de Nicaragua y Chile (Morrison y Orlando, 1999). Al agregar las pérdidas de ingreso por motivo de violencia doméstica, según el porcentaje aproximado de víctimas a nivel nacional, el costo para la sociedad en su conjunto representa entre 1,6% del PIB para Nicaragua y 2% del PIB para Chile (ibidem). 4.4.- Costos Sociales Multiplicadores Los efectos multiplicadores sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia por medio del aprendizaje, la erosión del capital social, una calidad de vida reducida y una menor participación de la población en los procesos democráticos. La privatización de las funciones policiales es uno de los efectos negativos de la transmisión de la violencia que tiene impactos en la desigualdad y la violencia futura (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores,2000).[17] La baja autoestima de las mujeres víctimas de violencia doméstica suele mantenerlas aisladas y dificulta su participación en el mercado de trabajo, acceso al crédito, participación política y su participación en programas y proyectos comunitarios (Morrison y Orlando, 1999 y Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). Muchas veces estas mujeres no participan en las juntas de padres en la escuela de sus hijos. Esta escasa participación de la mujer en el plano económico, político y social constituye una barrera para el desarrollo económico y social pues tiene impactos negativos en el mercado de trabajo, la capacidad de superar la pobreza, el funcionamiento de instituciones democráticas y el éxito de programas y proyectos sociales costosos. La violencia doméstica juega un papel fundamental en la transmisión inter-generacional de comportamientos violentos a nivel social y doméstico. La transmisión intergeneracional de la violencia ha sido ampliamente documentada y está sustentada en el marco conceptual reseñado en la sección II. Los adultos, los medios de comunicación y la sociedad en general muestran, en muchos casos, a los niños y a los jóvenes que la violencia es una manera rápida de resolver conflictos y ganar control, acumular riqueza y adquirir aprobación (pandillas). De esta forma el individuo conforma normas y actitudes que permiten el comportamiento violento bajo ciertos estímulos del medio ambiente y circunstancias emocionales específicas. La violencia política, donde las fuerzas policiales y/o los grupos paramilitares se transforman en agentes de violencia perpetrada contra ciertos grupos, especialmente a niños de la calle, menoscaba la democracia y genera más violencia. En la sección III se describe como la violencia política en algunos países ha generado una cultura del silencio y una mayor tolerancia ante todo tipo de violencia. La impunidad Estatal ante la violencia genera, a su vez, violencia individual y grupal para "hacer justicia por su propia mano" por medio de peleas callejeras entre pandillas y linchamientos (McAlister,2000 y Banco Mundial,2000).

La erosión del capital social y humano existente en las sociedades, así como la reducción en su tasa de acumulación, tiene consecuencias negativas multiplicadoras para el desarrollo puesto que incrementa la desigualdad, reduce el crecimiento económico y reduce la inversión en capital físico (afectando el crecimiento económico futuro) (Banco Mundial,2000). La violencia también tiene efectos negativos en la conformación de instituciones propias de los países conducentes a un mejor clima para el desarrollo (Banco Mundial, 2000). Por último, la violencia genera un círculo vicioso puesto que la erosión de "los capitales" para el desarrollo y las instituciones genera mayor violencia futura. Cuadro 6: Consecuencias y Costos de la Violencia Doméstica hacia la Mujer y los Niños

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores (2000 ) , Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999) y García Moreno (2000). Para estudios específicos citados en Banco Interamericano de Desarrollo, ver piés de página 16 al 22.

V.- Factores de riesgo y posibles soluciones para la violencia en América Latina y el Caribe

Las intervenciones para combatir la violencia están basadas en la prevención del comportamiento violento, mediante acciones sobre los factores de riesgo reseñados en la sección II, y el control social (incluyendo acciones policiales y reclusión) que se ejerce sobre individuos que ya han cometido o estén considerando cometer actos de violencia. Las acciones de prevención primaria están dirigidas a la población en general con el fin de evitar conductas agresivas. La prevención secundaria está dirigida a grupos de alto riesgo y la prevención terciaria a individuos que ya han ejercido conductas violentas o han sido víctimas de la misma. Estas definiciones señalan diferencias marcadas entre la prevención y el control, pero en la realidad las acciones destinadas a combatir la violencia forman parte de un continuo que va desde la prevención hasta el control. Hay acciones preventivas, tales como la enseñanza de técnicas para resolución pacífica de conflictos que pueden ser estrategias de control en el caso de ser implementadas en grupos de personas que ya han cometido actos violentos. Asímismo, las acciones de control policial, tales como el arresto o las multas, tienen en algunos casos un impacto disuasivo importante que actúa como prevención de la violencia futura por parte de otros actores. Las estrategias para la prevención de la violencia están basadas en el enfoque epidemiológico de la violencia La epidemiología concibe a la violencia como un problema de salud pública puesto que causa muerte e invalidez, incrementa la frecuencia en el consumo de alcohol y substancias psicotrópicas, aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual (violencia sexual) y tiene impactos sobre la depresión y otros trastornos mentales. La "generación-transmisión" social de la violencia se incrementa ante la presencia de ciertos factores de riesgo y se reduce ante la presencia de ciertos factores de protección (Organización Mundial de la Salud, 2002 y Organización Panamericana de la Salud, 1996). Los factores de riesgo, sean características individuales o del entorno, incrementan la probabilidad de que se produzca un hecho violento, aunque no sean la causa última del mismo. A través de estudios empíricos es posible determinar, en forma bastante precisa, la probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos violentos y la incidencia de ciertos factores sobre dicha probabilidad.[18] Una vez identificados los factores de riesgo más importantes para una comunidad determinada, la epidemiología propone intervenciones públicas sobre ellos con la finalidad de prevenir la violencia y reducir su frecuencia. La última etapa del enfoque epidemiológico consta del análisis y la evaluación de la efectividad de acciones preventivas de violencia realizadas en un contexto determinado. El enfoque epidemiológico enfatiza una combinación de estrategias múltiples en extensos grupos de la población puesto que se pueden esperar efectos más amplios cuando se tratan varios factores de riesgo simultáneamente y cuando se realiza una intervención temprana (en los primeros años de la niñez) sobre los mismos (OPS, 1996 y Rosenberg,1999 en Moser y Lister,1999). La prevención de la violencia es, en general , más eficiente que las acciones de control de la violencia; por ejemplo, en Estados Unidos se estima que por cada dólar invertido en prevención se podrían ahorrar al menos 6 dólares invertidos en programas de control (Buvinic, Morrison y Shifter,1999). Greenwood, Model, Rydell y Chiesa,1998 comparan la efectividad y los costos de cuatro programas de prevención temprana de la violencia con la ley que requiere arresto permanente después de tres ofensas graves en California (USA).[19] Esta investigación concluye que la nueva política de penalización tiene un impacto en la reducción de las tasas de criminalidad; sin embargo, los programas preventivos (especialmente los incentivos para graduarse en la secundaria) tienen notablemente mayor costo-efectividad (evitan más crímenes por dólar invertido).

En las secciones subsiguientes se presentan un conjunto de políticas que han sido implantadas con éxito o pueden ser implantadas en América Latina, enfatizando el rol de las políticas relacionadas con la prevención. En primer lugar es necesario contar con información oportuna y desagregada tanto de los tipos y nivel de la violencia a nivel local como de los factores principales de riesgo dentro de una comunidad (ver sección 5.1). Dentro de una estrategia preventiva integral de la violencia, hemos clasificado el abanico de opciones disponibles en políticas con incidencia en el largo plazo (sección 5.2) y políticas con incidencia en el mediano y corto plazo (sección 5.3). Por último se resumen las acciones de control y respuesta a la violencia de mayor relevancia para la región. 5.1.- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica La Organización Panamericana de la Salud ha establecido guías para la creación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica que puedan sustentar las acciones preventivas contra la violencia. Estos sistemas permiten la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información y el análisis e interpretación de los datos no sólo para proveer un mejor fundamento analítico en el diseño de estrategias preventivas sino también para permitir la evaluación de los programas adoptados (Concha y Villaveces,2001).Estos sistemas pueden ser de carácter universal o local y estar basados en información muestral o proveniente de registros institucionales , dependiendo del caso.Para algunos tipos de violencia, especialmente la violencia doméstica, resulta apropiado un sistema de vigilancia epidemiológica de carácter "centinela", en el cual una o más instituciones escogidas determinan las tendencias de ese tipo de violencia y las reportan a la comunidad y al resto de los organismos dedicados a la prevención de la violencia (Concha y Villaveces,2001). Tanto la Organización Panamericana de la Salud como el Banco Interamericano de Desarrollo enfatizan el rol de los municipios como unidad base para programas de vigilancia, prevención y control de la violencia en América Latina con la coordinación y apoyo necesarios a nivel regional y nacional (Concha y Villaveces,2001 y Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000). En Colombia, las alcaldías de Bogotá y Cali han desarrollado, dentro de sus programas integrales para combatir la violencia, sistemas de vigilancia epidemiológica con información oportuna y periódica. (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000).

5.2.- Factores de Riesgo y Soluciones a la Violencia en el Largo Plazo Un grupo de factores de riesgo que se conforman en el largo plazo y cuya solución no sólo es de largo plazo sino que requiere cambios a nivel de la sociedad en su conjunto son los llamados factores de riesgo estructurales. Otros factores cuya solución es de largo plazo son de tipo social y las políticas de desarrollo social para aliviarlos actúan sobre los grupos de individuos en alto riesgo de convertirse en agresores o víctimas.

El primer factor estructural de riesgo para la violencia en América Latina es la desigualdad de ingresos, activos y oportunidades (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998). Los países con distribuciones del ingreso menos equitativas dentro de la región son Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá, mientras que los países con desigualdad más baja son Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay (Comisión Económica para América Latina,1999). La desigualdad afecta las oportunidades a las que tiene acceso cada individuo y el beneficio esperado de cometer actos violentos contra la propiedad. Dentro de las políticas económicas y sociales destinadas a la reducción de la desigualdad en América Latina, resaltan el incremento del acceso a la educación primaria y secundaria, el mejoramiento de la calidad educativa dentro de las escuelas públicas y políticas para la reducción de las disparidades de ingreso regionales y sectoriales (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).

Otro factor estructural de riesgo para la violencia es la pobreza, aún cuando no es una causa directa del comportamiento violento. La pobreza puede generar percepciones de privación y sentimientos de frustración, así como contribuir con situaciones de hacinamiento y alta densidad poblacional en el hogar en las grandes urbes, todos éstos factores de riesgo de la violencia. Una de las condiciones necesarias para reducir la pobreza en el largo plazo es el crecimiento económico sostenido y el brindar acceso a la salud y educación a los grupos pobres (Banco Mundial, 2000).

Otros factores de riesgo con un componente estructural y social importantes son el desempleo y la deserción escolar juveniles (jóvenes que no estudian ni trabajan). La desocupación juvenil y el abandono de la escuela secundaria afectan a por lo menos el 8% de los jóvenes entre 13 y 17 años en la mayoría de los países latinoamericanos (Comisión Económica para América Latina,1999). Puesto que la mayor parte de los crímenes son cometidos por jóvenes, la falta de oportunidades laborales y en la escuela son particularmente graves y fomentan el ingreso de los jóvenes a pandillas urbanas. Entre las estrategias de prevención social de la violencia relacionadas con estos factores de riesgo están los programas que brinden incentivos a los jóvenes para terminar sus estudios secundarios.Estos incentivos pueden ser incentivos económicos directos, incrementar la vinculación entre la escuela secundaria y las necesidades del mercado de trabajo (certificados de computación y contabilidad), mejorar las relaciones de la escuela con la comunidad y con los jóvenes y mejorar el ambiente escolar. En forma complementaria a los esfuerzos de la escuela, los programas comunitarios de tutelaje o actividades especiales para los adolescentes de alto riesgo pueden contribuir a la reducción de la violencia dentro de este grupo (Arriagada y Godoy,1999, McAlister, 2000).

Otro ejemplo de estrategias de desarrollo social que pueden tener un impacto significativo en el largo plazo son las visitas a las madres en situación de pobreza crítica a quienes se les puede brindar atención pre y post-natal gratuita para evitar lesiones en los niños que puedan incrementar la tendencia al comportamiento violento. Estas acciones pueden enmarcarse dentro de programas de salud pública diseñados para las mujeres pobres en los que se brinda mayor acceso a los servicios de salud reproductiva e información para un embarazo y crianza saludables (Rosenberg y Mercy, 1991). La sociedad civil puede apoyar estas acciones de prevención temprana de la violencia por medio de organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia en las etapas tempranas del desarrollo infantil y servicios de guardería infantil (públicos o privados) de buena calidad (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison Editores, 2000). Un grupo más de intervenciones preventivas estructurales son las relacionadas con la aceptación y promoción de comportamientos violentos por parte de una comunidad o de la sociedad en su conjunto. Estas estrategias de prevención usan la escuela, los centros de salud, organizaciones religiosas y los medios de comunicación social para difundir mensajes en contra de la violencia e implantar programas para entrenamiento en la resolución pacífica de conflictos que incluyen reformas en los programas educativos y programas de mediación entre compañeros de clase. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la instigación de la violencia y pueden utilizarse con éxito para modificar en el largo plazo actitudes colectivas hacia la violencia. Algunas acciones específicas empleando los medios son: la reducción de la programación violenta en el horario infantil, el entrenamiento a periodistas en el reportaje de crímenes violentos, los mensajes de convivencia pacífica (utilizando telenovelas y otra programación comercial además de campañas institucionales específicas) (Organización Panamericana de la Salud, 2000 y Sanjuan, 1999). Dos ejemplos de programas destinados a la resolución pacífica de conflictos son "Mejor Hablemos" en Cali, Colombia, en el que se ilustran historias reales de resolución pacífica y "Justicia para Todos" en Venezuela, en el que se ilustra la función de un Juez de Paz empleando casos reales (Sanjuan,1999 y Primero Justicia, 2000). En la prevención estructural de la violencia doméstica, juega un rol importante la erradicación de la discriminación contra las mujeres en el sistema educativo, por medio de mejorar las oportunidades de las niñas en la escuela y revisiones curriculares que consideren la perspectiva de género (eliminar estereotipos sexistas de los textos escolares e incluir los aportes de las mujeres en las artes y las ciencias). Es importante aumentar la participación de niños y niñas por igual en actividades que antes se consideraban para un sólo género como los deportes y la educación familiar. Otra estrategia preventiva en el sistema educativo es el control de la violencia entre compañeros de escuela y el educar a los niños en relación a los efectos nocivos de la violencia doméstica (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000). Para la prevención estructural de la violencia doméstica también se han utilizado con éxito campañas en los medios de comunicación que persiguen como objetivos: – cambiar las actitudes y valores del público, – concientizar a la población ,-brindar información sobre los servicios de apoyo disponibles y lograr que tanto la víctimas potenciales o reales como los victimarios conozcan las leyes y penas relacionadas con la violencia doméstica. Un ejemplo de una campaña comprensiva para la violencia doméstica en los medios de comunicación es un programa implementado en Argentina (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000). Otras estrategias de prevención estructural que han dado buenos resultados son las campañas informativas interinstitucionales (sector salud, sector educativo, alcaldía, organizaciones comunales) empleando redes locales comunitarias (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999).

5.3.- Factores de Riesgo y Soluciones a la Violencia en el Corto Plazo Dada la magnitud y graves impactos de la violencia en América Latina, las intervenciones de largo plazo resultan necesarias pero claramente insuficientes para la región, puesto que sus resultados pueden demorar una generación o más y dependen de complejos factores económicos, sociales y culturales. Por otra parte, los representantes políticos (específicamente gobernadores y alcaldes) tienen más incentivos para implantar acciones contra la violencia si los resultados pueden notarse durante su período de ejercicio de funciones. En consecuencia una estrategia integral para la reducción de la violencia también debe contener intervenciones que ofrezcan resultados en el corto y mediano plazo y cuyo impacto en los hechos violentos sea más directo y observable. Estas estrategias actúan sobre los factores de riesgo próximos al individuo que desencadenan o instigan el comportamiento violento y sobre los factores situacionales que están relacionados con la oportunidad de cometer un acto violento en forma provechosa para el agresor. En América Latina, de acuerdo a la información disponible, uno de los principales factores de riesgo próximos son el consumo de alcohol, especialmente durante días festivos y fines de semana y la amplia disponibilidad de armas de fuego. Existen experiencias exitosas en la prevención de estos factores de riesgo en la región, tomando en cuenta las características particulares de una localidad, con impactos importantes en la reducción de la violencia. Las alcaldías de Bogotá y Cali, dentro de sus programas contra la violencia, han adoptado leyes que limitan la venta del alcohol durante ciertas horas del día y ciertos días así como programas de salud para reducir el consumo de alcohol y drogas (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000)[20].

En relación al porte de armas, se han realizado esfuerzos importantes en El Salvador y Nicaragua para establecer controles bajo los acuerdos de pacificación (Arriagada y Godoy, 1999). En Panamá, la alcaldía de Panamá, creó el programa Armas por Comida con la colaboración de la empresa privada de alimentos cuyos donativos la alcaldía convierte en bonos de comida que son entregados a cambio de armas sin mayores investigaciones (Arriagada y Godoy,1999). En el caso de Colombia, las alcaldías de Bogotá y Cali han restringido el porte de armas e implementado programas de entrega pacífica de armas con algún incentivo monetario o para realizar una obra social para la comunidad (programa de armas por cucharillas para bebé) (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000). Sin embargo, también es necesario realizar esfuerzos a nivel nacional e internacional para la regulación del tráfico y disponibilidad de armas. Los factores situacionales de riesgo pueden ser manejados por medio de medidas dirigidas a la reducción de oportunidades para formas de violencia específicas (hurto, vandalismo y asalto, por ejemplo). Estas intervenciones deben hacer más difícil, costoso y menos provechoso el uso de la violencia por parte de un agresor mediante alteraciones del medio ambiente (mayor iluminación, puertas y ventanas con mecanismos de seguridad, alarmas, espejos en pasillos estrechos, entre otras) (State of Victoria,2000). Estas intervenciones pueden ser públicas o privadas, pero las alcaldías pueden contribuir en la educación de la población en relación a formas de asegurar sus hogares y autos, así como incorporar mayor seguridad en los programas de construcción de vivienda y mejora de barrios. Un caso especial de acciones sobre factores de riesgo situacionales está basado en la "teoría de la ventana rota" de Kelling, según la cual el deterioro del medio ambiente físico, falta de iluminación apropiada y falta de presencia de la policía en la comunidad incentivan la violencia (Buvinic, Morrison y Shifter,1999 y OPS,1996). Este principio fue aplicado con éxito en la ciudad de New York (ibidem). Las iniciativas de alcaldías latinoamericanas en relación a mejorar el estado de las plazas y calles e incrementar su iluminación, así como aumentar el patrullaje policial en barrios peligrosos también han arrojado resultados positivos, pero el rango de acciones puede ampliarse considerablemente al considerar proyectos de desarrollo urbano que incluyan infraestructura para deportes, recreación y organizaciones comunitarias (ibidem).

5.4.- El Control y las Respuestas Sociales a la Violencia Para un efectivo control de la violencia y para aumentar el poder disuasivo de las medidas de control, juega un papel fundamental el costo esperado de cometer un delito violento (ver sección II, determinantes económicos de la violencia). Este costo esperado es función de la probabilidad de ser aprehendido, la probabilidad de ser juzgado y condenado y los años de condena. En América Latina es común el pésimo funcionamiento de los sistemas de justicia, lo que no contribuye al control de la violencia y genera mayor violencia pues la sensación de impunidad causa nuevos episodios violentos y la justificación de la justicia por mano propia (Arriagada y Godoy, 1999)[21]. Por lo tanto, en el control de la violencia es necesario considerar las reformas del sistema judicial y carcelario, así como las policías de la región.

Las reformas judiciales deben incluir instancias para la resolución pacífica de conflictos en los que no es necesario un tribunal para dirimir la disputa, tales como las casas de justicia en Colombia y el programa de jueces de paz en Venezuela (Justicia para Todos, 2002). Estos programas acercan la justicia al ciudadano común y a la vez refuerzan el entrenamiento y mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.

Entre las experiencias interesantes de reforma en la acción policial en la región se encuentra la aplicación de modelos de policía que trabajan con la comunidad a través de consultas y mejorar la relación con las organizaciones comunales. Estos modelos incluyen a una policía que identifica y responde ante los factores de riesgo inmediato para la violencia (reportar fallas en el alumbrado, por ejemplo).Una estrategia de control de la violencia que ha dado buenos resultados ha sido el modificar el estilo de patrullaje, pasando éste de ser aleatorio a concentrarse en las zonas de alta concentración del delito y durante ciertas horas del día (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison editores, 2000).Estas estrategias policiales requieren reformas profundas en los cuerpos policiales e incluso la creación de nuevas policías a nivel de alcaldía o municipios. Las reformas necesarias a los cuerpos policiales existentes o las características de las nuevas policías se resumen a continuación (ver Arriagada y Godoy, 1999):

• incrementar los requisitos educativos y mejorar el entrenamiento y capacitación de la policía;

• crear planes estratégicos para que la policía sea capaz de prevenir escenarios potenciales de crimen;

• reducir las funciones de la policía, especialmente las administrativas;

• elevar los salarios de los policías;

• reforzar el control estatal y de la sociedad civil sobre las acciones de los cuerpos policiales.

Entre las experiencias de policía comunitaria en la región se encuentran las de las alcaldías de Cali, Medellín y Bogotá en Colombia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte en Brasil y Villa Nueva en Guatemala (Moreno, 2002, Candina,2002 y Lunecke, 2002). La mayoría de estas experiencias encontraron como primer obstáculo el miedo de la población a los cuerpos policiales dada la larga tradición de desconfianza debido a abusos cometidos contra la población en América Latina. Uno de los problemas encontrados en Colombia es la coexistencia de dos sistemas policiales, uno nacional y uno municipal, en una misma ciudad con métodos y filosofía distintos (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison Editores, 2000). Sin embargo, en las tres ciudades colombianas que adoptaron modelos de policía comunitaria dentro de planes integrales de reducción de la violencia se logró mejorar la relación de la policía con la comunidad (ibidem y Moreno,2000). En el caso de Sao Paulo, se ha logrado una mejor comunicación entre la policía y la comunidad pero la opinión pública sigue considerando a la policía como ineficiente (Moreno, 2002). En el caso concreto de Sao Paulo, los organismos policiales adoptaron la filosofía de la policía comunitaria , pero el estado no ha comprometido suficientes recursos humanos y financieros para el proyecto. En Belo Horizonte, un primer modelo de policía comunitaria fracasó totalmente, en parte debido al aislamiento del programa dentro de la misma organización policial y la fuerte dedicación de los miembros del programa a actividades destinadas a la recaudación de fondos para el mismo (Candina, 2002). Recientemente se ha adoptado en Belo Horizonte un modelo de policía de resultados que recogió las críticas del programa de policía comunitaria anterior y basó su estrategia en la planificación de acciones de la policía a partir de la confección de mapas de criminalidad y la atención descentralizada a las demandas de la comunidad. De la revisión de estas experiencias puede concluirse que han sido exitosas en cuanto a la modificación de las relaciones entre la comunidad y la policía y en la reducción del abuso policial. Sin embargo, dado lo reciente de algunas experiencias y la carencia de estudios de impacto apropiados, la incidencia de la policía comunitaria sobre la reducción de la violencia no se conoce con certeza.